Las crisis epidémicas son caracterizadas por el surgimiento de enfermedades altamente transmisibles y contagiosas, con rápida capacidad de distribución geoespacial, generando importante índice de morbilidad. En el cuadro histórico de la humanidad, las crisis epidémicas siempre han estado presentes, dejando como producto final el surgimiento de nuevas enfermedades, secuelas en el ámbito social, económico y político, además de un considerable número de fallecidos.¹

Una nueva manifestación epidémica fue registrada a finales del mes de diciembre de 2019, con el surgimiento de múltiples casos inesperados de neumonía aguda, en la ciudad de Wuhan, China.² Poco tiempo después, el 12 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció esta nueva epidemia “como la más reciente manifestación del coronavirus y la identificó como COVID-19. En mención a sus siglas, “CO” significa corona; “VI” virus y “D” enfermedad”.²

Actualmente, los coronavirus son diferenciados por pertenecer a cuatro géneros, dependiendo de su expresión genético-molecular, son ellos: alfa; beta; delta y gamma. En seres humanos, la transmisión y contagio ha sido referida únicamente en los géneros alfa y beta.³⁾ Los que se han relacionado con el surgimiento de cuadros clínicos más agudos y graves, por ejemplo, el síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2).^2,3

El SARS-CoV-2 ha sido caracterizado, recientemente, como un virus de frágil resistencia a temperaturas elevadas (56 ºC por 30 minutos), al etanol (75 %), a productos higiénicos con concentraciones de cloro y peróxidos. Sin embargo, uno de los mayores problemas radica en su acelerada capacidad de mutación genética.⁴⁾ Los principales síntomas incluyen registro de clínica febril (+ 37 ºC), catarro o tos seca, migraña, disnea y, en algunos casos, diarrea. En consenso científico, se indica que dichos síntomas suelen aparecer entre 2-14 días después del contagio.^3,4

Hasta el 23 de mayo de 2020, investigaciones biomédicas y biotecnológicas demostraron que no existían resultados positivos en el desarrollo de un tratamiento farmacológico para el tratamiento de la enfermedad, y solo se estaban realizando intervenciones de control meramente sintomatológico. Se piensa que los pulmones son los principales órganos afectados, justamente porque la replicación de la enfermedad sobre otras partes del cuerpo humano aún no ha sido bien definida.⁵

El coeficiente de mortalidad, a nivel mundial, es más elevado en el segmento poblacional envejecido y en individuos con un histórico de comorbilidades, aunque la tasa de transmisión permite afirmar que todos los grupos etarios son igualmente susceptibles.^2,3

En el panorama latinoamericano de emergencia de salud pública por la COVID-19, cabe dirigir la mirada al eje continental centroamericano, por ser la subregión del continente americano con menor número de casos por contagio y menor índice de mortalidad, actualmente. Con las amplias limitaciones socio-sanitarias que caracterizan a la mayoría de estos países, surge el interés de conocer cómo, dónde y cuáles son las funciones salubristas adoptadas por el Gobierno costarricense, en relación a su marco sanitario institucional; modelo de gestión del sistema de salud (con un enfoque especial a su sistema de vigilancia en salud) y condiciones de asistencia sanitaria para abordar una crisis epidémica.

Teniendo en cuenta la magnitud de la situación sanitaria internacional, en relación a la pandemia por la COVID-19 decretada por la OMS y, con el interés de aportar al conocimiento higienista actual para el control y manejo de enfermedades infecciosas de interés público, el presente trabajo tiene el objetivo de analizar las principales intervenciones salubristas adoptadas por la República de Costa Rica, en el marco del combate y prevención de la epidemia por la COVID-19, durante el primer semestre del año 2020.

En la tabla se puede observar el comportamiento epidemiológico de la COVID-19 en la subregión continental centroamericana. Se registraron hasta el 25 de mayo del 2020 un total de 21 798 casos confirmados. El coeficiente de mortalidad subregional representó el 2,8 %, siendo Panamá el país con más muertes (n = 310; 2,77 %) registradas hasta ese momento. Fue posible observar un coeficiente subregional de recuperación del 38,75 % sobre el total de casos confirmados.

En lo que concierne específicamente a la República de Costa Rica, se observó lo siguiente:

Fue el tercer país con menor número de casos registrados (n = 951; 4,36 %).

Tabla

El análisis documental apuntó presencia de diez lineamientos (Cuadro 1) orientados a gestionar los procesos de trabajo de los profesionales de la salud. Estos son documentos primarios, secundarios y terciarios de la asistencia y atención a la salud de los costarricenses.

Cuadro 1

En el cuadro 2 se presentan los títulos de los comunicados oficiales de prensa con la fecha de divulgación. Las estrategias de comunicación y educación sanitaria adoptadas por la República de Costa Rica tienen como principios la transparencia en las informaciones institucionales y la democratización del conocimiento de interés público.

Por medio de conferencias ordinarias y sesiones extraordinarias, los jerarcas ministeriales y miembros del Poder Presidencial expresaron públicamente los reportes institucionales sobre el comportamiento epidemiológico de la COVID-19 en el país y las definiciones técnicas del Gobierno para el combate y prevención contra la epidemia.

Cuadro 2

La vigilancia en salud (sanitaria; ambiental y epidemiológica) ha sido articulada a través de intervenciones directas e indirectas entre personas, sistema de salud público y privado, MSCR, en la esfera individual y colectiva de prevención, promoción, rehabilitación y recuperación de la salud.

El análisis documental permitió identificar los siguientes lineamientos nacionales para la vigilancia de la infección por la COVID-19:

Lineamiento General de Vigilancia en Salud de la Enfermedad COVID-19”.¹⁸⁾ Este es el principal instrumento sanitario, que reúne las definiciones operativas para los casos sospechosos, probables y confirmados. Trata sobre la confirmación y descarte de casos, los procedimientos de vigilancia epidemiológica (detección, notificación y monitoreo, investigación, atención, muestreo clínico, control y prevención). Además, identifica las localidades prioritarias para la vigilancia activa de la COVID-19 en el territorio nacional.

El MSCR, al amparo de instituciones estatales de carácter jurídico privado, promulgó un conjunto de estrategias, guías y recomendaciones para el combate y prevención de la COVID-19 en el territorio nacional. Esas normas deben ser respetadas por todas las personas, físicas y jurídicas, una vez que son foco jurídico-sanitario. Dentro de los instrumentos más relevantes, se destacan:

Recomendaciones nutricionales y alimentarias para la población ante la presencia de la COVID-19.²³ El documento menciona una serie de recomendaciones nutricionales “con el fin de llevar una alimentación saludable en medio de un contexto de emergencia sanitaria”, decretando, por parecido, que las medidas de respuesta a la COVID-19 “aborden una nutrición mediante un enfoque holístico y multisectorial durante la evaluación de las respuestas, implementación, recuperación y prestación de atención nutricional” a todos los habitantes.

Es evidente que la crisis epidémica provocada por el surgimiento del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) está relacionada a múltiples factores, dentro los cuales se deben mencionar los siguientes: “cambio climático, niveles de urbanización, frecuencia activa de viajes aéreos, condiciones socioeconómicas de cada población y limitada capacidad de respuesta de los sistemas de salud en emergencias sanitarias”.²⁷

Tales elementos han reforzado la propagación de la COVID-19 en toda Latinoamericana y continúan siendo los principales desafíos a ser enfrentados por esas naciones. En Centroamérica se identifica un constante aumento demográfico y altas tasas de migración, “la región no logra retener a sus habitantes. Además, la economía se ha visto altamente dependiente de la actividad turística”.²⁸ En consecuencia, la tensión socio-sanitaria de los sistemas públicos de salud se encuentra reflejada por la tendencia positiva de contagio y transmisión.

En lo que respecta a la República de Costa Rica, el primer caso positivo con la COVID-19 fue anunciado el 6 de marzo del 2020. Desde entonces, múltiples intervenciones salubristas han sido decretadas por el MSCR, con participación de otros órganos públicos con igual grado de incumbencia socio-sanitaria. La práctica interministerial e intersectorial adoptada por los órganos referidos obedece a la necesidad de promover mayor cobertura y eficacia del plan estratégico propuesto por el MSCR. Se trata, por eso, de concientizar a la población en general, incluyendo todos los sectores para el desarrollo humano en el país (trabajo, salud, educación, seguridad social) y todas las clases sociales.

En un primer momento, el MSCR responsabilizó a todas las autoridades sanitarias de la “entrega a todos los trabajadores de la salud de los equipos de protección personal (EPP) certificados en el contexto internacional, en concordancia con el nivel de riesgo, junto con la debida capacitación para su utilización”. Porque, se sobrentiende que los profesionales de la salud están dentro de los grupos prioritarios de vigilancia sanitaria.

Se observó una drástica mudanza en los procesos de higienización, sobre técnicas de desinfección y control de enfermedades nosocomiales en toda las unidades y servicios de salud.⁸ En consonancia con lo expuesto, se reforzaron las medidas de protección para situaciones que demandasen la realización de investigaciones legales, incluyendo el contacto directo con el cuerpo, requiriendo un elevado control del personal involucrado, el ambiente hospitalario para su realización y el traslado final del cuerpo.⁹

Se conoce que la COVID-19 tiene como característica clínica la afección aguda al sistema respiratorio, influida por la coexistencia de otras enfermedades crónicas.^1,3 En ese sentido, las medidas salubristas observadas estipularon mecanismos de transporte por vía aérea y terrestre, en pacientes con cuadro clínico agravado.¹¹

La asistencia odontológica y farmacéutica son dos de las principales demandas recibidas en el ámbito hospitalario. Se confirmó la existencia de lineamientos para el personal de clínica dental (mantenimiento y limpieza de instrumentos, limpieza del consultorio dental, sala de espera y otras oficinas).¹² Las áreas farmacéuticas recibieron especial fiscalización sanitaria (desinfección y ventilación), con el objetivo de mantener la continuidad del suministro de medicamentos de uso crónico.^13,14).

También se definió una normativa especial para la atención y acompañamiento de mujeres embarazadas, recién nacidos, personas con histórico de comorbilidad y adultos mayores, los que se clasificaron como grupos de riesgo.^17,24,25). Las actividades hospitalarias transitorias de donación y trasplante de órganos y terapia renal sustitutiva se mantuvieron constantes, por considerarse esenciales para la población. Sin embargo, se estableció un régimen especial para las unidades de hemodiálisis, diálisis peritoneal, salas de refrigeración y almacenamiento de órganos y tejidos.^15,16

Se debe destacar la vigilancia epidemiológica y ambiental en la región de frontera. El país actuó de forma rápida, aportando respuesta inmediata y coordinada a la situación sanitaria internacional. Las intervenciones salubristas tuvieron como objetivo principal “garantizar la salud de la población dentro del territorio nacional, velando porque los ciudadanos nacionales y extranjeros tuvieran un ambiente sano y equilibrado durante el estado de emergencia nacional por la COVID-19”.^19,20,21)

La investigación conducida por Gutiérrez y otros, que analizó el perfil socio-sanitario de los países centroamericanos, concluyó que los ciudadanos costarricenses poseen la esperanza de vida más elevada de la subregión (81 años). Además de ser el país con mayor inversión estatal en las áreas de salud, educación y estructura social, sobre el producto interno bruto (PIB) registrado.²⁹

Con una visible ideología de desarrollo socio-sanitario, Costa Rica podría contar con los recursos necesarios para enfrentar de forma positiva la epidemia de la COVID-19. Sin embargo, esta enfermedad se muestra asíncrona a otras ya conocidas por las entidades sanitarias costarricenses. De tal modo, la adhesión y apropiación del plan estratégico de combate a la COVID-19, por toda la ciudadanía, sería la clave fundamental para la mitigación, control y prevención del virus en el territorio nacional.^10,18

El presente estudio observó un posicionamiento integral, en lo que respecta a la atención y acompañamiento de grupos minoritarios durante la crisis sanitaria. La existencia de un marco universal y equitativo, que propone el respeto por las características étnico-raciales; la capacidad funcional, perfil socioeconómico y grado de acceso a los servicios de salud, puede asumirse como una intervención acertada del gobierno costarricense.^23,24,25

Como desafío para el sistema público de salud costarricense, se tiene un modelo de contribución tripartita, sumando las contribuciones del Estado, de los empleadores y los trabajadores, como mecanismo de solidaridad social para providenciar la manutención financiera del propio sistema, el cual responde por más del 80 % de la cobertura sanitaria nacional. La situación actual proyecta una diminución de la actividad productiva en gran parte del país, generando consigo recortes del presupuesto financiero y capacidad de manutención de las redes nacionales de asistencia a la salud. En respuesta a ese complejo desafío, el Gobierno costarricense implantó la medida provisional de teletrabajo, porque de esa manera el país mantendría el ingreso activo de las contribuciones financieras para asegurar, por mayor tiempo, el funcionamiento del sistema público de salud.^22,26)

Los índices socio-sanitarios reflejados por el país pueden relacionarse con el actual comportamiento epidemiológico de la COVID-19 en el territorio nacional, ya que el país concentra la menor tasa de mortalidad y una de las mayores tasas de recuperación registradas en la subregión.^7,29