La salud pública requiere aglutinar esfuerzos de la sociedad y el estado a favor de la salud, el bienestar y la calidad de vida de la población en su totalidad, sin dejar de observar las individualidades. Lo que demanda acciones interdisciplinarias, comunitarias e intersectoriales soportadas en la solidaridad para enfrentar factores que puedan amenazar la vida humana, como lo es la actual pandemia del coronavirus SARS-CoV-2.

Sin embargo, en las situaciones que se viven en la actualidad hay diferencias de las respuestas que se dan a nivel global a la pandemia, las que están relacionadas con el contexto político y social. Lo que determina, en última instancia, la perspectiva teórico- metodológicas y las acciones de salud pública a realizar. En los lugares donde prevalece el enfoque de la salud como bien de mercado se privilegian acciones de protección económica (principalmente, para apuntalar las grandes empresas), otorgándole menor apoyo a la protección social de la población y de sus grupos más vulnerables, lo que provoca una agudización de las desigualdades en la cobertura y el acceso a la salud en los más pobres. Aunque se conoce que la alta transmisibilidad del SARS-CoV-2 pone en riesgo a toda la población, independiente de su estrato social.

Los sistemas sanitarios han recibido el mayor impacto de la expansión del coronavirus y en algunos considerados resilientes se han sobrepasado las capacidades existentes.¹⁾ Según la Dra. María Neira, directora del Programa de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, el nuevo coronavirus ha doblegado a los países con mejores sistemas sanitarios y la situación se hará más compleja en los que prevalece la sanidad privada, previéndose que después de la pandemia los países se verán obligados a incrementar al doble el porcentaje del producto interno bruto (PIB) que ahora destinan a la sanidad.²

No obstante, la inyección presupuestaria a los sistemas sanitarios, poco resolvería si la salud pública se trata como gasto y de manera desintegrada, en lugar de considerarse una inversión que requiere la integración de estados, gobiernos, sectores sociales, y la participación comunitaria para accionar efectivamente hacia el control de la propagación del SARS-CoV-2.

El presente debate tiene el objetivo de exponer algunas consideraciones generales acerca de las respuestas de la salud pública a la pandemia por el coronavirus SARS-COV-2. De ahí que se fundamente en el análisis teórico de fuentes documentales procedentes de organismos y publicaciones internacionales y nacionales en el 2020. Las búsquedas se realizaron a través del buscador de Google, con la combinación de las siguientes palabras clave: salud pública; pandemia, coronavirus SARS-CoV-2 y COVID-19.

Para dar respuesta al objetivo se diseñaron las siguientes preguntas:

¿Cuál ha sido el pronunciamiento de organismos internacionales para la respuesta de la salud pública ante el coronavirus SARS-COV-2

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró, el 30 de enero del 2020, a la COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, como " emergencia de salud pública de importancia internacional, debido a la velocidad y nivel de su transmisión”, indicando que "pudiera mitigarse con medidas y acciones protectoras apropiadas por las partes implicadas”.³⁾ Con este propósito viene emitiendo declaraciones que se actualizan en función de la evolución de la situación, resultados de investigaciones, criterios de expertos, orientaciones de sus oficinas regionales y experiencias a nivel global.

El Plan Estratégico de Preparación y Respuesta de la OMS para la COVID-19, insta a los países a prepararse en gestión de la pandemia de acuerdo a las orientaciones técnicas, adecuándolas a cada escenario para disminuir sus implicaciones en la población, la sociedad y la economía.⁴⁾ En la orientación operativa se describen acciones clave para reorganizar y mantener el acceso a los servicios de salud esenciales con calidad para todos.

Las acciones que se señalan van dirigidas a los gobiernos, a las instituciones, al personal de salud, a la protección de las poblaciones vulnerables, a la población general y a las comunidades. Estas deberán implementarse a nivel nacional y global como parte de un paquete integral de medidas de salud pública que protejan contra la discriminación y garanticen justicia social.⁵⁾ Asimismo, se plantea la necesidad de contribuir a la agenda mundial para la investigación, innovación e intercambio de conocimientos con el apoyo de los sectores públicos y privados.^1,6

La Organización de la Naciones Unidas (ONU) considera, ante los desafíos planteados, por la enfermedad, que la COVID-19 es una emergencia de salud pública, crisis social y económica de interés internacional, por lo que llama a los Estados de todos los países a cooperar entre sí de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, por encima de las diferencias políticas y económicas, para de esta manera establecer una respuesta global coordinada que disminuya la propagación de la enfermedad y su impacto negativo. Además, subraya que esta respuesta debe hacerse con respeto a los derechos humanos, atendiendo vulnerabilidades, sin racismo ni xenofobia con solidaridad global y ciencia.^7,8,9,10) Para contribuir con estos derechos el Plan de respuesta global con perspectiva humanitaria, describe acciones, principios y guías en tres áreas llamadas críticas: emergencia sanitaria; impacto social - respuesta económica y responsabilidad guiada a la recuperación,⁸⁾ de ahí la importancia que tiene la solidaridad internacional.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reconoce que las consecuencias de la pandemia pueden ser muy graves, pues se incrementarían las desigualdades y dificultaría el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos el de lograr buena salud y bienestar precisando que "las pandemias pueden revertirse, pero solo con el más alto nivel de compromiso político”.¹¹

La estrategia de respuesta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), tiene como base el Plan Estratégico de preparación y respuesta de la OMS y el documento Draft operation al planning guidance for UN country teams y sus objetivos principales son frenar la transmisión del virus y mitigar el impacto en salud de la COVID-19 en la región de las Américas,^12,13) apelando a la solidaridad y a la toma de decisiones regionales conjuntas.¹⁴

La Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) aseguró que para mitigar los efectos de la COVID-19, la región debe apostar por un modelo nuevo de desarrollo con mayor integración, "sociedades menos desiguales y más solidarias, sin dejar a nadie atrás" ya que esta afecta a las personas, la producción y el bienestar, por lo que no se puede dejar en manos del mercado”.^15,16

Las respuestas que han dado los diferentes países al enfrentamiento a la pandemia son muy diversas, algunas han sido tardías y otras limitadas, al margen de las orientaciones de los organismos internacionales y del conocimiento científico producido hasta el momento.^17,18,19,20) A lo que se les suman las campañas de desinformación y descrédito politizadas, el ignorar el contexto social y los determinantes sociales de la COVID-19, el preponderar el derecho individual / nacional sobre las necesidades colectivas / globales y la falta de coherencia en cuanto a la aplicación de la intersectorialidad como herramienta tecnológica básica para la gestión de la salud pública que, a su vez y de conjunto, conspiran contra el control efectivo de la enfermedad.

Esto explica el número de casos en ascenso y los desenlaces fatales, incluso en países con grandes recursos económicos y tecnológicos,^17,21,22) donde continua la transmisión y aparición de casos, a pesar de estar en fase de reapertura.²¹⁾ A nivel mundial, hasta el 30 de julio de 2020, se confirmaron 17 006 679 casos con 666 864 fallecimientos²³⁾ y se avizora que la situación será más dramática, pues los países con menos recursos y sistemas de salud pública precarios carecen de la capacidad para articular respuestas en correspondencia con la magnitud e implicaciones del problema.^2,8,20,24

En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe predominan las capacidades sanitarias insuficientes, los sistemas de salud fragmentados, que adolecen de cobertura universal, los servicios en su mayoría privados supeditados al mercado, el enfoque sectorial de la salud centrado en los hospitales y los sistemas de protección social excluyentes en un escenario convulso en lo político, económico y social.^15,20,25,26) De ahí que la respuesta de la salud pública haya sido limitada sin la necesaria cohesión estado-gobiernos y sociedad. En varios países tampoco se ha dado observancia a las recomendaciones internacionales para combatir la COVID-19, por lo que se incrementan los casos positivos y las tasas de mortalidad.^15,20,25,26

En la región de las Américas, hasta el 30 de julio de 2020, hubo 9 169 607 casos confirmados con 351 391 fallecidos, lo que representa el 53,9 % y el 52,69 % respectivamente de las cifras globales.²³⁾ Los países con mayor afectación en Latinoamérica son Brasil, Perú, Chile, México y Colombia; pero la transmisión sigue extendiéndose y aún está lejos de alcanzar su pico, lo que resulta alarmante.^27,28

La crisis sanitaria generada por la COVID-19 dañará la salud de la sociedad, pues se prevé que se eleve la pobreza extrema, lo que a su vez desencadenaría males como hambre, desnutrición y clima de inestabilidad que llevarían al agravamiento del cuadro de salud y dilatarían la recuperación posterior. Por lo que es perentorio comprender que las respuestas de la salud pública durante y posterior a la pandemia, demandan cobertura universal con la intervención de todos los sectores de la sociedad y de la economía, estatales y privados, conjuntamente con la población y sus organizaciones comunitarias en alianza estratégica,²⁹guiados por un plan de respuesta único, dinámico y consensuado, diseñado sobre la base de las realidades (locales, nacionales e internacionales), que sea gestionado por los estados y los gobiernos. Dicho plan debe contener acciones de salud, de protección social, asimismo, políticas de seguridad y salud en el trabajo que salvaguarden a trabajadores, pequeñas y micro empresas nacionales.^30,31

En el caso Cuba, la política social integrada dirigida por el Estado ha hecho posible que todos los sectores de la sociedad y la economía, incluidas las organizaciones de masas y la población, aporten a los objetivos centrales desde su objeto social. De esta manera se garantiza la atención de salud, la seguridad y asistencia social para todos, que se mantengan los servicios esenciales, la cadena de producción, distribución de alimentos y productos de higiene entre otros, cubriendo con asignaciones básicas, de manera racionada, a toda la población y otras adicionales de soporte a los adultos mayores y a zonas declaradas en aislamiento.^{31,32,33,34,35,36,37}

Ante el surgimiento de la pandemia, se estableció un Grupo temporal nacional (puesto de mando, intersectorial), liderado por las máximas autoridades de la dirección del país, que se ocupa del seguimiento diario al Plan nacional de prevención y enfrentamiento a la COVID-19, así como a las fases de recuperación. El plan se va actualizando en correspondencia con la situación epidemiológica, permitiendo así que se adopten respuestas resolutivas a los problemas que se presentan, empleando los recursos disponibles.^37,38,39) La población recibe informaciones oficiales explícitas del panorama nacional e internacional por diferentes medios de difusión y se le solicita velar por la responsabilidad ciudadana.

Peculiaridades de la respuesta de Cuba son, la pesquisa activa, el aislamiento o cuarentena temporal para el control de focos epidemiológicos, el seguimiento a los contactos y a las personas recuperadas, el tratamiento a los grupos vulnerables, las acciones de promoción de salud y preventivas (entre ellas la aplicación de fármacos preventivos para la mejora de la inmunidad de la población) y la atención médica oportuna. La plataforma para la acción es la comunidad y la guía el programa del médico y enfermera de familia, contando con la contribución de estudiantes y profesores universitarios de las ciencias de la salud, de otras carreras y de la población.^{32,39,40,41,42,43,44}

También resaltan la creación de capacidades hospitalarias para el tratamiento a los enfermos y de centros para el aislamiento de sospechosos, los protocolos de tratamiento establecidos para cada estado; la rotación y apoyo psicológico al personal que atiende los casos y la garantía de productos de la industria biofarmacéutica nacional para responder a las necesidades de prevención y tratamiento.^{29,34,36,37,38,39,40,41}

A pesar del bloqueo económico y comercial extraterritorial del gobierno de EE. UU., que ha impedido incluso el recibo de varias ayudas para las acciones de control de la COVID-19, el desarrollo científico tecnológico del país ha posibilitado la producción de conocimientos, implementos médicos, equipos y medicamentos que se utilizan en la prevención a nivel comunitario y en el tratamiento a los enfermos.

Como resultado hasta el día 30 julio de 2020,²³ Cuba contaba con 2608 casos confirmados, de ellos 2355 recuperados (90,3 %) y 87 fallecidos. De las 15 provincias del país, 13 habían avanzado a la fase 3 de recuperación, en la que se restablece la producción y actividades económicas y se mantienen las medidas decisivas para el control de la enfermedad, una provincia se encontraba en la fase 2 y la capital permanecía en la fase 1. Existe conciencia de la necesidad de mantenerse alertas, pesquisando y reforzando la promoción de la autorresponsabilidad y los comportamientos de salud en algunos grupos sociales.⁴⁵

Paralelamente se cumple con el principio internacionalista de la salud pública cubana, asistiendo al llamado de países de varios continentes con conocimientos, medicamentos y con profesionales de la salud del contingente "Henry Reeve" (especializado en situaciones de desastres y epidemias), los que han acudido en brigadas a combatir la pandemia en 35 países de América Latina, el Caribe, África, Europa y Medio Oriente. El resultado del trabajo realizado por los especialistas del contingente internacionalista “Henry Reeve” ha sido reconocido por la población de los países en los que han colaborado y por la comunidad internacional, por lo que se ha propuesto les sea otorgado el Premio Nobel de la Paz.^39,46

Los organismos internacionales han ofrecido información, orientaciones precisas, guías técnicas para la acción (que se actualizan sistemáticamente), apoyo a países considerados vulnerables, asimismo monitorean la respuesta ante el coronavirus SARS-CoV-2 por regiones y países. Sin embargo, su proyección resolutiva resulta comprometida por diferencias políticas, enormes brechas socioeconómicas y grupos de poder hegemónicos que obstaculizan posibilidades de entendimiento y cooperación solidaria internacional. Lo que vuelve muy complejo la conducción de la estrategia de salud pública global en respuesta a la pandemia, siendo perentorio que los organismos internacionales aumenten el liderazgo para que las estrategias de los diversos contextos se correspondan con las recomendaciones y se traduzcan en resultados positivos.

El enfrentamiento a la pandemia al interior de la mayoría de los países, hasta el presente, no ha sido satisfactorio, lo que ha estado influenciado por diversos factores políticos, económicos, actuaciones desintegradas de la epidemiología, déficit en el financiamiento y atención a los centros de salud, falta de apoyo a los trabajadores de la salud sometidos a extensas y agotadoras jornadas laborales, trabajar más hacia la curación que a la promoción de salud y prevención de la enfermedad y escasas redes de apoyo social, situaciones que se agudizan en Latinoamérica y se manifiestan en resultados desfavorables en el control de la COVID-19.

En Cuba, se han tenido en cuenta las recomendaciones internacionales para la conformación de una estrategia propia fundamentada en, la voluntad política del estado y el gobierno, el conocimiento científico, el contexto social y económico, los determinantes estructurales de cada escenario, el financiamiento estatal de los sistemas y servicios de salud, el accionar desde el nivel de atención primario (comunidad), el desarrollo científico-técnico, la responsabilidad social por la salud de los diferentes sectores de la sociedad y la economía, así como la experiencia de participación de la sociedad integrada en asuntos vinculados a la salud. Estos aspectos han reportado resultados fehacientes, no obstante, se requiere continuar con las acciones que permitan la recuperación total y su mantenimiento a nivel nacional.